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Johanna Romero participó en el informe «Alcances sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en la normativa peruana»

20/04/2022

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Johanna Romero, nuestra Asociada especialista en Derecho Ambiental, participó en la elaboración del informe «Alcances sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en la normativa peruana» para el Cyrus R. Vance Center for International Justice y WECAN International sobre la implementación y cumplimiento de las leyes peruanas con respecto al mencionado acuerdo.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental regional cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Hasta la fecha, el Acuerdo ha sido firmado por veinticuatro (24) países de la región y ratificado sólo por (doce) 12 de ellos. Perú ha firmado, pero no ha ratificado el acuerdo.

El informe se centró en las siguientes cinco (5) áreas principales: (i) el derecho a un medio ambiente sano; (ii) el acceso a la información ambiental; (iii) el acceso a la justicia en materia ambiental; (iv) la protección de los defensores ambientales; y, (v) los mecanismos de implementación y cumplimiento. Este incluyó un análisis de la normativa nacional en materia civil, penal y administrativa sobre las áreas mencionadas, así como los principales tratados internacionales ratificados por Perú que establecen disposiciones y obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú. Además, se analizó la jurisprudencia nacional e internacional para ilustrar la aplicación de los derechos contemplados en el acuerdo.

El informe concluye que el Perú ha implementado parte de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú; sin embargo, existen limitaciones en el acceso y ejercicio de estos derechos por parte de grupos vulnerables y comunidades indígenas, así como la falta de leyes que respalden la aplicación de los protocolos que actualmente existen para la protección de los defensores ambientales, a pesar de que los casos de violaciones a los derechos humanos de los defensores ambientales en el Perú van en aumento. El informe preparado es el primero de su tipo, ya que proporciona una perspectiva diferente sobre el Acuerdo de Escazú y se centra en lo que existe actualmente en la regulación nacional y cómo se puede mejorar en favor de los defensores ambientales.